En el caso de Érika Antonella Álvarez -como en cualquier investigación criminal- el análisis de los teléfonos celulares de las personas mencionadas en el expediente resulta clave para el avance de la causa. Las autoridades ya comenzaron con esa tarea. Los peritos iniciaron de manera parcial el peritaje de los dos teléfonos secuestrados al acusado Felipe “El Militar” Sosa y se espera que hagan lo propio con los dispositivos de otros involucrados. En paralelo, buscan herramientas tecnológicas que permitan recuperar la información del celular de la víctima, que continúa sin aparecer.

Los teléfonos móviles forman parte central de la vida cotidiana. La cantidad de datos que pueden extraerse es amplia y variada:

- Registros de lugares y horarios en los que estuvo su titular.

- Contactos que permiten establecer vínculos y relaciones.

- Mensajes escritos y audios;

- Fotografías y videos de reuniones, personas y espacios;

- Comprobantes de compras y operaciones financieras y movimientos de dinero.

Para analizar

En el marco del crimen de Érika, los investigadores cuentan con varios teléfonos para peritar. Entre ellos, se encuentran los de ex parejas de la víctima, secuestrados durante allanamientos; los entregados de manera voluntaria por un hombre apodado “Deivid”, otro de los mencionados en la pesquisa; y los dos celulares incautados a Sosa al momento de su detención en Buenos Aires.

Los defensores del único imputado por homicidio simple aportaron las claves para que los peritos pudieran acceder a un teléfono Samsung y a un iPhone. Según se indicó, el primero sería el que el acusado utilizaba para cuestiones laborales, mientras que el segundo correspondería a su uso personal.

El jueves, cerca del mediodía, los especialistas iniciaron el proceso de extracción de datos. Sólo fue posible avanzar con el Samsung, ya que en el otro dispositivo la clave suministrada no era correcta. Los abogados del acusado atribuyeron el inconveniente a un error y aseguraron que en las próximas horas aportarían el PIN adecuado.

Para los investigadores, este episodio no es un dato menor. Por un lado, no pudieron acceder al único teléfono considerado inviolable, es decir, imposible de analizar sin la autorización de su propietario. Por otro, se trata justamente del dispositivo que sería de uso personal.

Las expectativas en torno a la información que podría surgir del celular son diferentes según las partes. Los acusadores y los investigadores sostienen que allí podrían encontrarse datos relevantes sobre lo ocurrido el día en que Érika habría sido asesinada a golpes en una de sus viviendas de Yerba Buena, no sólo para confirmar o descartar que Sosa la haya citado al lugar. Los defensores dicen que no encontrarán nada.

De acuerdo con la hipótesis del fiscal Carlos Picón, el acusado podría haber organizado reuniones en las que se consumían drogas y se practicaba sexo grupal. A partir de esa línea investigativa, el análisis del teléfono permitiría identificar a otros participantes, que en principio podrían ser personas de alto poder adquisitivo o con vínculos con el poder. También podría aportar información sobre una posible colaboración para facilitar la huida del imputado, tal como sospechan los pesquisas.

El de la víctima

El celular de Érika continúa sin ser hallado. Los investigadores creen que el autor o los autores del crimen lo destruyeron y lo descartaron en un lugar desconocido. Sin embargo, consideran que no lograron eliminar toda la evidencia que podría encontrarse allí. Existen herramientas tecnológicas que permiten acceder a información relevante sin necesidad de contar físicamente con el dispositivo. “Tenemos entendido que hay varios recursos que pueden ayudarnos. Mantuvimos una reunión con los peritos del Equipo Científico de Investigación Fiscal para avanzar en ese sentido”, explicó el querellante Carlos Garmendia.

Los investigadores están convencidos de que el teléfono de Érika permitirá despejar varios de los puntos oscuros del caso. No sólo podría reconstruirse cuáles fueron sus movimientos antes de ser asesinada, sino también aportar otros elementos de interés.

Un dato juega a favor de la pesquisa: los familiares de la víctima señalaron que Érika tenía la costumbre de documentar su vida cotidiana mediante fotografías y videos. “No sólo registraba todo lo que hacía, sino que además organizaba ese material en carpetas específicas. Entendemos que, si se logra recuperar esa información, será de un valor probatorio muy importante”, señalaron.

Allanamientos:  secuestraron varios elementos de la empresa de “El Militar”

Una caja fuerte que no pudo ser abierta y fue sellada con una faja de seguridad; 20 escopetas disuasivas; cuatro paquetes de bolsas de consorcio negras; otros cuatro artículos del mismo producto; y el dispositivo de almacenamiento de las cámaras de seguridad del lugar. 

Esos fueron los elementos secuestrados por personal de la División Homicidios durante un allanamiento realizado en una de las sedes de Sosa Group, la empresa de seguridad vinculada a Felipe Sosa, único imputado por el crimen de Érika López. La medida, solicitada por el fiscal Carlos Picón y dirigida por los comisarios Susana Montero, Carlos Díaz y Diego Bernachi, se concretó en el sector operativo de la firma, que brinda servicios de seguridad en comercios, barrios cerrados y countries ubicados en distintos puntos del Gran San Miguel de Tucumán. 

El inmueble allanado se encuentra en El Manantial, en el departamento Lules, y -según indicaron fuentes de la investigación- no está lejos del descampado donde fue hallado el cuerpo de la víctima. Para los investigadores, el hallazgo más relevante fueron las bolsas de consorcio, ya que el cuerpo de Érika fue colocado en una de ellas antes de ser abandonado. “Se trata de un elemento que se vende en cualquier comercio y que está presente en la mayoría de los hogares tucumanos”, señaló Marcelo Cosiansi, uno de los defensores del imputado por homicidio simple. También será objeto de análisis el material registrado por las cámaras de seguridad del lugar. 

No obstante, investigadores con mayor experiencia consideraron poco probable que las imágenes aporten información de relevancia para la causa. Durante el debate en el que se le dictó la prisión preventiva, Sosa afirmó que, tras abandonar su carrera como integrante de la Legión Extranjera -cuerpo de élite del Ejército francés-, se dedicó a la actividad empresarial. En ese contexto, sostuvo que actualmente es socio gerente de la firma y que percibe un salario mensual de $1,2 millón. El jueves se realizó otro allanamiento en oficinas vinculadas al imputado. En esa oportunidad, se secuestraron cinco camionetas y armas de fuego.